En un mundo cada vez más digitalizado e interconectado, garantizar la accesibilidad no es solo una cuestión de equidad, sino una obligación legal. Con la entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, el pasado 28 de junio de 2025 o Ley de Accesibilidad, España da un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva. A su vez, adapta su legislación el contenido del Acta Europea de Accesibilidad (Directiva UE 2019/882).
Esta nueva normativa establece un conjunto de requisitos obligatorios de accesibilidad para productos y servicios clave. Afectan directamente a empresas de sectores como la tecnología, las finanzas, el transporte o el comercio electrónico. En este artículo, analizamos en detalle qué implica esta nueva ley, cómo deben adaptarse las empresas y cuál es el impacto real del Acta Europea de Accesibilidad en el marco normativo español.
La Ley 11/2023, de 8 de mayo, en vigor desde el 28 de junio de 2025, supone un hito en la legislación española al adaptar el contenido del Acta Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act) al contexto nacional. Esta normativa responde al compromiso de la Unión Europea con los principios de igualdad, no discriminación e inclusión social. Por otra parte, se enmarca en la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030.
Su objetivo es garantizar que determinados productos y servicios esenciales sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o tecnológicas. Esto incluye a personas con discapacidades permanentes, temporales o situacionales. Por ejemplo, imagina alguien que se lesiona un brazo o que usa un dispositivo en condiciones difíciles, como a plena luz del sol o sin audio.
La ley no solo abarca el ámbito digital, como páginas web o aplicaciones móviles, sino también el entorno físico y tecnológico. Nos referimos a cajeros automáticos, terminales de autoservicio, lectores electrónicos, servicios bancarios, telecomunicaciones, comercio electrónico, sistemas de transporte o atención al cliente, entre otros.
Citamos algunas de las razones:
La entrada en vigor de la nueva Ley de Accesibilidad impone obligaciones concretas a las empresas, tanto en el diseño como en la prestación de productos y servicios.
Detallamos algunas de las principales adaptaciones que exige la normativa:
Entre los principales sectores obligados a cumplir con la nueva ley, se encuentran:
La ley afecta principalmente a empresas medianas y grandes que ofrecen productos o servicios dentro del ámbito regulado. Sin embargo, debes tener en cuenta lo siguiente:
Las microempresas de menos de 10 empleados y facturación inferior a 2 millones de euros pueden estar exentas de algunos requisitos, salvo si prestan servicios públicos o esenciales.
Las empresas que contraten con la Administración Pública deben garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad como condición obligatoria para optar a licitaciones.
No cumplir con la ley puede tener consecuencias legales, económicas y reputacionales. Las sanciones previstas por la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad pueden alcanzar el millón de euros en los casos más graves. Además, la empresa se expone a:
La entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad ha supuesto una revisión profunda de la legislación española. Hasta ahora, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social ya contemplaba medidas en materia de accesibilidad. Sin embargo, el nuevo marco refuerza y amplía significativamente el alcance y las obligaciones.
Este cambio impulsa un modelo europeo más coherente, en el que los fabricantes y prestadores de servicios deben garantizar la accesibilidad como requisito legal, no como una opción voluntaria. También obliga a las administraciones públicas a supervisar y hacer cumplir estas normas, incluyendo mecanismos de control, inspección y sanción.
Además, la legislación incorpora el principio de Diseño para Todos, que no solo busca eliminar barreras, sino crear productos y servicios concebidos desde el inicio para ser inclusivos. Esto favorece la innovación, amplía la base de usuarios y mejora la experiencia global de cliente.
La entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad marca un punto de inflexión en el compromiso de España con la accesibilidad. Obliga a múltiples sectores a adaptar sus productos, servicios y entornos digitales a estándares comunes europeos. Más allá de una exigencia legal, se trata de una oportunidad estratégica para fomentar la innovación inclusiva, mejorar la experiencia de todos los usuarios y construir una sociedad más justa y cohesionada.
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