Son las conclusiones que se extraen del Europe’s Digital Progress Report 2017. Este informe combina la evidencia cuantitativa del DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital) con perspectivas políticas específicas de cada país, lo que nos permite hacer un seguimiento de los progresos realizados en términos de digitalización por cada Estado miembro y proporcionar un circuito de retroalimentación importante para la elaboración de políticas a nivel de la UE.

El DESI es el Índice de Economía y Sociedad Digital, un valor que asigna la UE a cada estado y que representa la dimensión de sus servicios públicos digitales. Este está determinado por cuatro indicadores:

• El porcentaje de usuarios que han enviado formularios completados a través de Internet a una administración pública.
• El nivel de sofisticación de los servicios de administración electrónica de cada país. Se mide por los datos que le aparecen presentados al usuario en formularios.
• El nivel de la gama de servicios de la administración electrónica. Medida por la cantidad de pasos que se pueden realizar completamente en línea.
• El compromiso del gobierno a abrir datos.

Los resultados muestran que los tres países a la cabeza de la aplicación de servicios públicos digitales son Estonia, Finlandia y Holanda. En el lado opuesto, los países con peor indicador son Croacia, Hungría y Rumanía.

El informe de la UE muestra que más de la mitad de la población que necesita servicios públicos usa la vía online. Entre los ciudadanos que necesitaron enviar formularios a la administración, un 52% eligió el canal en línea. El restante 48% prefirió los sistemas presenciales, pero es necesario matizar este dato. De ese 48, un 35% sí que desestimó el uso de Internet, mientras que el otro 13% es población que nunca usa la red.

Estos datos marcan una considerable evolución en comparación con el año 2011, cuando solo el 39% enviaba formularios en línea, mientras que un 21% no eran usuarios de Internet. El aumento del uso de la administración pública es mayor que la reducción en la exclusión digital, lo que significa que cada vez más usuarios empiezan a utilizar los servicios conocidos como eGovernment.

Como en todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, cabe esperar grandes diferencias dependiendo de la edad de los usuarios. Y aunque esto es así, los datos son sorprendentes. No son los abuelos los que no se adaptan al cambio, sino los padres.

Las actividades online de los nativos digitales no solo se limitan a las redes sociales y al consumo de contenido digital, también se expande a servicios más complejos. Existe entre los jóvenes una marcada progresión en el uso de la administración tecnológica, independientemente de formación. El nivel de uso más alto lo refleja la franja de edad situada entre los 16 y 25 años con estudios superiores, con un 73,5% (11.6 puntos más que en 2011).

También ha habido una progresión entre las personas mayores, que se sitúa entre los 5 y 11 puntos, dependiendo de su nivel de estudios. Se confirma que el uso de Internet se ha expandido considerablemente entre este grupo de edad y que los servicios de administración electrónica son una de las aplicaciones de elección para estos usuarios.

Por otro lado, la población de mediana edad con la educación inferior tiene el porcentaje de uso de la administración electrónica más bajo (39%) y también muestra el menor progreso entre 2011 y 2016 (solo 2 puntos). Esto es algo a corregir con urgencia por los gobiernos, ya que probablemente sea una de las categorías más necesitadas de servicios públicos (ya que la baja educación se correlaciona con bajos ingresos y desempleo).

Para medir el suministro de eGovernment que ofrecen los países de la Unión Europea se analiza la prestación de servicios que ofrecen en 8 eventos importantes, que son:

• Perder o encontrar un trabajo.
• Matricularse en la universidad.
• Comenzar un procedimiento reclamo menor.
• Comprar o vender un automóvil.
• Vida familiar.
• Empezar un negocio.
• Operaciones comerciales regulares.

En concreto, se ha analizado el papel de los países desde dos aspectos diferentes: el servicio online completo y los formularios pre completados. El primero hace referencia a la posibilidad de finalizar alguna de las operaciones anteriores en línea, desde el primer al último paso. El segundo hace referencia a la cantidad de datos que las administraciones completan previamente para ayudar al ciudadano.

En base a esta información, solo un país tiene un canal digital desarrollado al 100% (Malta). Hay otros 4 que superan el 95%, como son Austria, Estonia, Portugal y Dinamarca. En general, las cifras son bastante positivas, aunque hay países en los que al menos 1 de cada 4 servicios no se puede hacer online. Son los casos de Rumanía, Croacia, Hungría, Grecia, Eslovaquia, Bulgaria y Chipre.

Por otro lado, el uso de registros interconectados está poco extendido. La mitad de los países de la Unión Europea que sí pueden ofrecer estos formularios pre-completados lo hacen en menos del 50% de los casos. Casos alarmantes son los de Grecia, Rumanía, Reino Unido, Bulgaria o Croacia, donde no se llega ni al 20%. Sin embargo, hay otros países donde sí funcionan con bastante eficacia, como Malta, Estonia o Finlandia.

El avance de los servicios públicos digitales continúa su progresión, pero aún está lejos de alcanzar el 100% de eficacia. Es obligación de los gobiernos ofrecer las mejores herramientas disponibles para facilitar los procesos con la administración (cosa que no hace la gran mayoría) y que los usuarios pueden aprovecharse de ello.